Hemos
leído con atención las manifestaciones que, por parte de su portavoz Sr.
Martínez Camino, han realizado en relación con los casos de robos de niños en
algunos centros hospitalarios españoles a lo largo de casi cinco décadas. Como
Colectivo Sin Identidad, que reúne a un considerable número de afectados de
Canarias, nos vemos en la necesidad de hacer algunas puntualizaciones basadas
en los datos y el conocimiento, testimonial y documental, de que disponemos y
que oportunamente pondremos a disposición del ministerio público.
No nos
cabe duda de que la Iglesia, como institución y en especial su jerarquía,
colaborará con la Justicia en el esclarecimiento de aquellos extremos en los
que sea requerida para ello; lo contrario sería impensable además de
constituir, en sí mismo, un nuevo delito. Pero por lo que a nosotros nos afecta
tenemos que afirmar, con toda franqueza, que hasta ahora no hemos encontrado el
más mínimo apoyo y acceso a fuentes que son esenciales en la documentación
básica para demostrar la existencia (o inexistencia, lo que aún es más
lamentable) de indicios racionales de delitos muy graves. Nos estamos
refiriendo al acceso a los Archivos Eclesiásticos, y más concretamente los que
se refieren a las Aguas de Socorro en los centros clínicos y administrados por
los respectivos capellanes. Aún más sospechoso es que esos Registros,
esenciales para completar documentaciones sin las que los órganos judiciales de
primera instancia se limitan a archivar las denuncias por falta de pruebas, no
suelen estar donde debieran. Esta ha sido, hasta ahora, una constante
obstruccionista sospechosa por parte de la Iglesia; máxime cuando nos estamos
refiriendo a datos supuestamente públicos y que, en último extremo, pertenecen
legalmente a sus titulares o herederos.
No
descubrimos ningún secreto cuando afirmamos, con todo el respeto que la
situación exige pero también con toda rotundidad, que la Iglesia Católica y en
especial su jerarquía ha sido durante muchos años una aliada perfecta de la
dictadura, a la que prestó (y sigue prestando en su comportamiento) una lealtad
fuera de toda duda. Nosotros no queremos pre enjuiciar en su conjunto
comportamientos, presuntamente delictivos, de personas e instituciones
concretas. No vamos a juzgar quienes se han comportado con ética y quien ha
carecido de la misma y se ha aprovechado de la vulnerabilidad de muchas madres,
la Orden de las Hermanas de la Caridad ideológicamente se prestaron al Servicio
Social, ganando adeptos para su causa e ideología, ello no puede servir de coartada generalizada
para sustraer a la acción de la Justicia actos reiterados a lo largo del tiempo
–según nos consta documentalmente y por múltiples testimonios que se
acreditarán en su momento– que constituyen delitos contra los Derechos Humanos,
como son el rapto, la alteración dolosa de la identidad (nuestro objetivo
número uno), la consideración de los neonatos como simples objetos de
transacción o regalo, e incluso de exportación al extranjero como en su momento
intentaremos demostrar. Uno de los casos más escandalosos, de entre nuestros
asociados, es el de una adolescente raptada por una monja de esta Congregación
de Caridad y trasladada sin conocimiento (ni por supuesto aprobación) de su
familia biológica existente y conocida, hecho este denunciado públicamente por
la Ex Hija de la Caridad Mercedes Sánchez además del traslado y sustracción de
niños.
No es
este el momento ni el medio para entrar en una casuística que se sustanciará en
el ámbito legal correspondiente, algunas de cuyas diligencias ya han sido
iniciadas a nuestra instancia. Pero de una cosa sí queremos dejar constancia y
que debe ser considerada como un principio al que, como ciudadanos, no vamos a
renunciar: los valores y la ética cívica, en este caso y en lugar preeminente
la Justicia, están por encima de los respetables valores morales que rigen las
creencias religiosas. Y este es un principio que parece, por lo detectado en la
jerarquía de la Iglesia, que es justamente considerado al revés. Bajo la
apariencia de un ejercicio de caridad cristiana tenemos evidencias que apuntan
a que han existido sacerdotes y religiosas que han apuntado en una dirección
mucho más prosaica y, en todo caso, alterando de forma inadmisible los vínculos
biológicos materno-filiales.
No
hace falta que se nos digan que el contexto en el que estos hechos ocurrían
eran social y económicamente muy distintos del actual; algunas de las personas
que firman este texto son expertos en la contextualización de hechos muy
lejanos en el tiempo, pero no por ello impunes a la Justicia Universal. En este
aspecto sí nos gustaría que el concepto de Catolicidad (que hace referencia
explícita a ese ámbito universal) no fuese alterado para justificar actuaciones
injustificables en el plano Humano y Divino. El silencio, legítimo desde un
punto de vista procesal, casa muy mal con la necesaria y declarada colaboración
con la Justicia y, sobre todo, le hace un flaco favor al propio concepto de
Caridad Cristiana para con personas que arrastran un dolor casi imposible de
mitigar a estas alturas. La Iglesia Católica, como ya hemos afirmado en otros
textos, tiene una estructura fuertemente jerarquizada y piramidal; en ese orden
institucional es casi imposible que se den actuaciones irregulares (por aplicar
un concepto leve) que escapen al conocimiento, y por tanto responsabilidad, de
los superiores jerárquicos. En ese sentido tratar de desviar la responsabilidad
hacia el plano personal, cuando se está actuando en el ámbito de una
congregación con sus propios controles éticos y morales (y sobre todo cuando no
son hechos puntuales, sino continuados en el tiempo y en espacios de un
especial riesgo para los menores confiados a su custodia), permítasenos al
menos el beneficio de la duda razonable sobre la implicación institucional.
COLECTIVO SIN IDENTIDAD, 2 de Mayo, 2012.
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