Las
Víctimas por Delitos Permanentes, identificados como Robo de Niños, están
profundamente indignadas, entre otros motivos, por lo siguiente:
1º.-
La invisibilidad intencionada de la mayoría de los medios de comunicación con
el fondo de este gravísimo problema de Estado, una vez que creyeron agotado el
filón emocional del sensacionalismo primario.
2º-
La contumacia en la ilegalidad de la que parecen hacer gala los poderes del
Estado, unida a una parálisis que ya está siendo crónica con este Gobierno que
incluso afecta a partidos políticos incapaces de plantear en su dimensión real
planes para el reconocimiento de la Verdad de esos hechos. Entendemos que este
problema es sin duda el de mayor complejidad de los que están incluidos en las
dos Recomendaciones de los organismos de NN. UU., remitidas a España como
exigencia a finales del pasado mes de julio con un plazo perentorio de noventa
días para poner en marcha un plan razonable para su resolución. En el conjunto
de las víctimas de la dictadura militar y sus secuelas los casos de Robo de
Niños y Alteración Dolosa de la Identidad representan la mayor complejidad. Por
ejemplo, el inmenso problema humano de las fosas de asesinados en un genocidio panificado, falta la voluntad
política y una dotación perfectamente asumible, ya que el mapa de fosas es
conocido, existen testimonios vivos y los asesinos hace muchos años que
siguieron la ruta natural de la muerte no violenta, eso sí, rodeados del
respeto de sus cómplices. Pero en los casos que nos afectan, además de
constituir tipificación clara de personas desaparecidas y Delitos Permanentes
de lesa humanidad, pesa la relevancia social de algunos de los criminales
implicados y sus redes clientelares, además del riesgo añadido de que muchos de
ellos y sus cómplices, encubridores y beneficiarios siguen vivos y con mucho
poder. En su afán de perpetuar la impunidad este Gobierno quiere olvidarse que
precisamente estos casos tienen la relevancia de Delitos Internacionales por
afectar a tráfico de seres humanos fuera de nuestras fronteras.
3º.-
A mitad de los noventa días del emplazamiento expreso no se ha producido ningún
intento de coordinar con los únicos interlocutores naturales para atacar este
problema, y que lógicamente son las Víctimas, las familias y sus representantes
legitimados. Lo conocido apunta a que volveremos a asistir impotentes a la
repetición de otra vergonzosa simulación, en este caso no “en diferido” sino con
voluntad de mantener la estrategia de inacción, tantas veces denunciada por
nuestras asociaciones, y paradójicamente corroborada por la Defensora del
Pueblo en respuesta a nuestras quejas. Serán nuevamente excusas inadmisibles y,
como mucho, presentar un falso plan de actuación que no tendrá ninguna
aplicación, que en absoluto resolverá los problemas y que será otro capítulo
más de la desvergüenza internacional de España.
4º.-
De las manifestaciones literales del Relator Especial de NN. UU., Pablo de
Greiff, se desprende un indicio claro de la falta de voluntad política,
judicial y legislativa, para intentar siquiera aceptar las exigencias de NN.
UU. y resolver este inmenso problema social del Estado. Dice literalmente un
apartado de ese Informe: “Varios representantes del
Gobierno, en las reuniones que mantuvieron, enmarcaron las discusiones en el
siguiente esquema: o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o
la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual
implicaría un riesgo demasiado alto”. Como siempre esgrimiendo el trasnochado
peligro guerracivilista. Esto apunta con
toda claridad a que, con las ya conocidas argucias empleadas frente a otras
demandas anteriores de aclaración y reparación de estos organismos
internacionales, el Ejecutivo español se volverá a pasar estos contundentes
Informes por el forro.
Las Asociaciones de Víctimas por el
Robo de Niños en España, que ya han aportado documentados testimonios y datos
contrastados, no sólo en sedes judiciales sino acreditando sus experiencias en
el libro “Nos encargamos de todo. Robo y
tráfico de niños en España” (editorial Clave Intelectual), no pueden
silenciar un comportamiento estatal que, aunque esperado, no deja de ser una
vergüenza internacional. Apelamos a la ética cívica de nuestro pueblo para que
demande con toda contundencia que el Estado cumpla con unos mínimos criterios
de legalidad ante los organismos a los que pertenece por decisión ratificada
mediante instrumentos de Derecho Internacional. Desde este momento avisamos que
no depondremos nuestra legítima actitud de exigencia en todos los foros
internacionales hasta que España cumpla con sus obligaciones. No le servirá la
argucia de malos leguleyos (además de rozar la prevaricación) tras haber
invalidado una parte sustancial de la Justicia Universal, ya que sigue
operando, fuera de su ámbito de manipulación, el Principio de Concurrencia de
Jurisdicciones que hace valer su eficacia erga
omnes, es decir frente a todos, en aquellos procesos a los que se intenta
entorpecer la acción de la Justicia, mediante la estrategia de que, es el país
que tiene abierto un procedimiento de esta naturaleza el que puede impedir que
se abra en paralelo en otros. En casos como los nuestros, cuya transcendencia
trasversal e internacional se reconoció expresamente en el Parlamento Europeo
al que acudimos en su momento y en cuyo ámbito nuestros expedientes siguen su
proceso, será muy difícil que prosperaran las excusas tramposas a las que
acostumbra el Gobierno de España.
Federación
Coordinadora X 24 de Asociaciones de Víctimas
por el Robo de
Niños en España. Madrid, 13 de septiembre, 2014.
hola gotasdelluvia, llevo tiempo intentando contactar contigo por mail y por facebook, no he tenido respuesta asi que lo intento por aqui.
ResponderEliminarEscribeme a gotasdelluvia3000@yahoo.es
EliminarGracias.
Si, es ahi donde te escribo.
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