jueves, 3 de mayo de 2012

OBJECIONES DEL “COLECTIVO SIN IDENTIDAD” AL PORTAVOZ DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA.




Hemos leído con atención las manifestaciones que, por parte de su portavoz Sr. Martínez Camino, han realizado en relación con los casos de robos de niños en algunos centros hospitalarios españoles a lo largo de casi cinco décadas. Como Colectivo Sin Identidad, que reúne a un considerable número de afectados de Canarias, nos vemos en la necesidad de hacer algunas puntualizaciones basadas en los datos y el conocimiento, testimonial y documental, de que disponemos y que oportunamente pondremos a disposición del ministerio público.

No nos cabe duda de que la Iglesia, como institución y en especial su jerarquía, colaborará con la Justicia en el esclarecimiento de aquellos extremos en los que sea requerida para ello; lo contrario sería impensable además de constituir, en sí mismo, un nuevo delito. Pero por lo que a nosotros nos afecta tenemos que afirmar, con toda franqueza, que hasta ahora no hemos encontrado el más mínimo apoyo y acceso a fuentes que son esenciales en la documentación básica para demostrar la existencia (o inexistencia, lo que aún es más lamentable) de indicios racionales de delitos muy graves. Nos estamos refiriendo al acceso a los Archivos Eclesiásticos, y más concretamente los que se refieren a las Aguas de Socorro en los centros clínicos y administrados por los respectivos capellanes. Aún más sospechoso es que esos Registros, esenciales para completar documentaciones sin las que los órganos judiciales de primera instancia se limitan a archivar las denuncias por falta de pruebas, no suelen estar donde debieran. Esta ha sido, hasta ahora, una constante obstruccionista sospechosa por parte de la Iglesia; máxime cuando nos estamos refiriendo a datos supuestamente públicos y que, en último extremo, pertenecen legalmente a sus titulares o herederos.

No descubrimos ningún secreto cuando afirmamos, con todo el respeto que la situación exige pero también con toda rotundidad, que la Iglesia Católica y en especial su jerarquía ha sido durante muchos años una aliada perfecta de la dictadura, a la que prestó (y sigue prestando en su comportamiento) una lealtad fuera de toda duda. Nosotros no queremos pre enjuiciar en su conjunto comportamientos, presuntamente delictivos, de personas e instituciones concretas. No vamos a juzgar quienes se han comportado con ética y quien ha carecido de la misma y se ha aprovechado de la vulnerabilidad de muchas madres, la Orden de las Hermanas de la Caridad ideológicamente se prestaron al Servicio Social, ganando adeptos para su causa e ideología,  ello no puede servir de coartada generalizada para sustraer a la acción de la Justicia actos reiterados a lo largo del tiempo –según nos consta documentalmente y por múltiples testimonios que se acreditarán en su momento– que constituyen delitos contra los Derechos Humanos, como son el rapto, la alteración dolosa de la identidad (nuestro objetivo número uno), la consideración de los neonatos como simples objetos de transacción o regalo, e incluso de exportación al extranjero como en su momento intentaremos demostrar. Uno de los casos más escandalosos, de entre nuestros asociados, es el de una adolescente raptada por una monja de esta Congregación de Caridad y trasladada sin conocimiento (ni por supuesto aprobación) de su familia biológica existente y conocida, hecho este denunciado públicamente por la Ex Hija de la Caridad Mercedes Sánchez además del traslado y sustracción de niños.

No es este el momento ni el medio para entrar en una casuística que se sustanciará en el ámbito legal correspondiente, algunas de cuyas diligencias ya han sido iniciadas a nuestra instancia. Pero de una cosa sí queremos dejar constancia y que debe ser considerada como un principio al que, como ciudadanos, no vamos a renunciar: los valores y la ética cívica, en este caso y en lugar preeminente la Justicia, están por encima de los respetables valores morales que rigen las creencias religiosas. Y este es un principio que parece, por lo detectado en la jerarquía de la Iglesia, que es justamente considerado al revés. Bajo la apariencia de un ejercicio de caridad cristiana tenemos evidencias que apuntan a que han existido sacerdotes y religiosas que han apuntado en una dirección mucho más prosaica y, en todo caso, alterando de forma inadmisible los vínculos biológicos materno-filiales.

No hace falta que se nos digan que el contexto en el que estos hechos ocurrían eran social y económicamente muy distintos del actual; algunas de las personas que firman este texto son expertos en la contextualización de hechos muy lejanos en el tiempo, pero no por ello impunes a la Justicia Universal. En este aspecto sí nos gustaría que el concepto de Catolicidad (que hace referencia explícita a ese ámbito universal) no fuese alterado para justificar actuaciones injustificables en el plano Humano y Divino. El silencio, legítimo desde un punto de vista procesal, casa muy mal con la necesaria y declarada colaboración con la Justicia y, sobre todo, le hace un flaco favor al propio concepto de Caridad Cristiana para con personas que arrastran un dolor casi imposible de mitigar a estas alturas. La Iglesia Católica, como ya hemos afirmado en otros textos, tiene una estructura fuertemente jerarquizada y piramidal; en ese orden institucional es casi imposible que se den actuaciones irregulares (por aplicar un concepto leve) que escapen al conocimiento, y por tanto responsabilidad, de los superiores jerárquicos. En ese sentido tratar de desviar la responsabilidad hacia el plano personal, cuando se está actuando en el ámbito de una congregación con sus propios controles éticos y morales (y sobre todo cuando no son hechos puntuales, sino continuados en el tiempo y en espacios de un especial riesgo para los menores confiados a su custodia), permítasenos al menos el beneficio de la duda razonable sobre la implicación institucional.

COLECTIVO SIN IDENTIDAD, 2 de Mayo, 2012.


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