Niños Robados, un terreno pedregoso, no resbaladizo

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RESPUESTA A DANIEL ARASA VILLAR

Opinar sobre lo que se desconoce es un vicio nacional muy arraigado. Y este caballero, tan vinculado a temas de comunicación (por favor, léase manipulación) de la Iglesia, cae de forma ridícula en esa tendencia. Si en realidad fuese “profesor de comunicación” debería saber, o al menos asesorarse, que para opinar sobre algo de lo que sólo tienen tópicos e ideas superficiales es preciso hacerlo con datos reales y contrastados. Su pretendido artículo “Niños robados, un terreno resbaladizo” publicado en Forum Libertas carece de un mínimo rigor, y me quedo corto. Desde luego el medio utilizado para exponer su inane opinión le califica sin mayor problema de ubicación.

Repite este caballero todos los tópicos manidos que la derecha más reaccionaria y sus adeptos están propalando con absoluta impunidad, amparados en una red extensa, y muy bien dotada económicamente en tiempos angustiosos, de medios de intoxicación que, para desgracia de España, son casi totalitarios en el panorama actual de medios en nuestro país. Repiten hasta la saciedad los mensajes que luego tiene uno que soportar con indignación en boca de cualquier individuo en bares y taxis. Son el caldo de cultivo preparado con todo cuidado para amoldar los votos que traen lo que todo el mundo puede hoy comprobar.

En esta ocasión ha pinchado en hueso, al menos por lo que a este servidor concierne. No voy a abrumarle con las acreditaciones académicas desde las que me permito exponer algunas consideraciones, pero al final si me permitiré hacerle algunas recomendaciones que cualquier “comunicador” (y máxime si se pretende profesor, que en su caso parece más bien derivado de profesar determinadas creencias carentes de rigor científico) debería tener como premisas inviolables para no hacer el ridículo.

Primero, como mínimo desde hace cuatro largos años existe –y pondré en su momento en el ámbito jurídico en el que se sustancian delitos de lesa humanidad, no sé si sabe de lo que estoy hablando– una copiosa y bien sustentada base documental y testimonios que hablan de un problema de Estado, no sólo de las familias afectadas.

Segundo, desde el primer momento los más ponderados y avisados hemos reconocido explícitamente que muchos de los adoptantes lo fueron de buena fe y por ahí también ha hecho un juicio de valor apresurado.

Tercero, lo que no se puede sostener con un mínimo de rigor de primaria es que los intermediarios (piadosa calificación para personas que son, con toda rotundidad, presuntos delincuentes) no incurrieron de forma deliberada en engaños dolosos al afirmar muertes que ya se han demostrado burdas supercherías; no cometieron raptos demostrables en su momento de forma documental irreprochable; no constituyeron redes criminales para sustraer, trasladar ilegalmente neonatos a través de toda la geografía española, alterar criminalmente la identidad de seres indefensos; despreciar el dolor de las madres ultrajadas en sus afectos más íntimos; y lo que resulta más escandalosos sostener que “muchas madres dieron a sus hijos de forma consciente”. Puede existir algún caso (yo no me he encontrado ninguno, posiblemente este experto sí tenga documentación probatoria de su afirmación), pero de forma inductiva es científicamente inaceptable elevar a la categoría de generalidad lo que pueden ser casos concretos demostrables y que se tendrán que acreditar de forma indudable ante el ministerio público en su momento.

Cuarto, la implicación formal de la Iglesia Católica quedará demostrada en su momento. Por ahora me voy a permitir sólo una mínima puntualización que sin duda ese comunicador de parte tendrá que admitir. La Iglesia es una estructura fuertemente jerarquizada. Como nadie puede tampoco ignorar las actuaciones reiteradas, extra lege, y con una evidencia que sólo se puede entender desde una situación de impunidad asumida, no podían quedar sustraídas al conocimiento de los responsables jerárquicos naturales en especial, como sin duda conoce todo el mundo, invisibles al ordinario del lugar, esto es los respectivos obispos de cada diócesis en las que se realizaron actos de este tipo. Eso, con la Ley en la mano (incluyendo el Código de Derecho Canónigo), implica una responsabilidad institucional.

Quinto, y una última aseveración no menor. No es posible sostener que, sólo un sentido viciado del principio moral católico de caridad, animaba a esos “benéficos intermediarios”. Permítame recordarle un principio que suele olvidar reiteradamente la jerarquía católica española: la ética cívica y el sometimiento a los principios generales de la Ley son de obligada observancia por parte de todos los ciudadanos, religiosos y laicos. En el plano privado será muy respetable el seguimiento de la moral particular, e incluso si no vulnera ese marco jurídico general de convivencia cívica, aplicar esas normas de moral privada a las relaciones inter personales como ciudadanos, pero eso nunca podrá justificar el jugar a ser semidioses para reasignar a neonatos fuera de su ámbito genealógico. Eso debería ser sagrado incluso para los que tienen tan bajo concepto de la Justicia y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos.

Por supuesto no agoto con esta sucinta exposición mi radical rechazo de tan sesgado artículo de opinión. Las recomendaciones que apuntaba al principio se puede sintetizar en algo muy simple: previo a lanzarse a opinar de lo que tan cristalinamente desconoce, haría lo correcto informándose de forma fehaciente.

Francisco González de Tena

Doctor en Filología y doctor en Sociología.