Un día en el Ministerio de Justicia 12 Abril 2012

RESUMEN APRESURADO DE UN DÍA EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Reunión con los ministros de Interior, Justicia y Sanidad, Jorge Fernández, Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Mato, respectivamente, además del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.

Trataré de dar mi versión personal del clima existente en la Mesa de Diálogo Ministerio de Justicia – Asociaciones de Afectados por Niños Robados, pues ya doy por sabidas las propuestas del Ministerio de Justicia que fueron presentadas como un compromiso público. Esta información de parte en realidad comprende una doble percepción, incluyendo la del experto en Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias que tuvimos la suerte de que accediese a trasladarse desde su lugar de residencia habitual para completar la representación del Colectivo Sin Identidad.

El ánimo con el que la casi totalidad de los representantes accedimos a la sala de reuniones del Ministerio de Justicia no era ciertamente muy esperanzado, ya que detecté el temor de que íbamos a asistir a un brindis al sol sin mucho contenido. Parece que nos equivocamos. Como las cosas no ocurren por casualidad –ya conocéis lo tantas veces repetido de la influencia inevitable de la causalidad– hay que sospechar que un conjunto de factores decisivos han influido para que compromisos tan largamente esperados (al menos en su versión ministerial y solemne) hayan sido expresados con esa rotundidad. Como la prensa ya los ha difundido me limitaré a enunciar los que se deducen de la propia reunión y de la rueda de prensa posterior.

En primer lugar me permitiréis que una aseveración que sólo se oyó en la primera reunión del 10 de febrero en mi intervención, el que “estamos ante un grave problema de Estado, no de un conjunto de problemas familiares o individuales”, haya sido esta vez sumido casi miméticamente por el señor ministro de Justicia, y dicho por dos veces con rotundidad. Los otros dos compromisos de mayor calado también habían sido unas propuestas de la representación encargada por el Colectivo Sin Identidad, esta vez respaldadas por una mayoría de los entonces asistentes: el acceso a archivos esenciales para documentar de forma adecuada datos necesarios para completar la fase primaria de las investigaciones y la oferta por parte de las asociaciones de no ser invitados de piedra, sino de colaborar activamente en la investigación de los casos, aportando la parte sustancial de la información ya recogida hasta el momento.

Una y otra propuesta se complementan entre sí. Es cierto que la primera demanda fue cogida con pinzas, como nos esperábamos, por el tan reiterado argumento de “Datos Sensibles”, pero resulta de una lógica aplastante que si no se documentan de forma adecuada cada caso estaremos trabajando en precario. Baste un apunte: ya hemos detectado multitud de datos falsos si nos basamos en una sola fuente. 

De esa evidencia documental de base se deriva lo que en Sociología se llama triangulación y que aquí adquiere toda su fuerza; el cruce fehaciente de datos documentados en al menos tres ámbitos: el Administrativo (en todas sus variables, estatal, autonómica y de entes locales o insulares), el Clínico y el Eclesiástico. Miguel Ángel y yo estimamos que era más prudente no entrar en estos detalles, sobre todo porque nos habríamos enredado en una discusión peligrosa, y en especial por el tercero de los ámbitos, el de la Iglesia. Ya llegaremos forzosamente. Tampoco se mencionó un grave escalón que parece insalvable: la consideración, hasta hoy, como datos privativos de un ámbito particular, y que corresponden a las fichas clínicas en el ámbito privado. Es sabido que multitud de partos tuvieron como escenario clínicas de titularidad privada, sobre todo en Bilbao vinculadas a la trama manejada por Mercedes Herran de Gras. Es sabido también que en su momento alerté, con nulo resultado, del peligro de destrucción o desaparición irreversible de los archivos de las dos clínicas privadas ubicadas en la calle bilbaína de Gordoniz, además del archivo de la Clínica San Ramón, de Madrid, manejado por Eduardo Vela Vela. 

Ni era el momento ni el clima de debate permitía entrar en estos detalles, lo que además habría entorpecido (cuando no directamente arruinado) el clima aparentemente abierto de la exposición razonada que se estaba viviendo. Ninguno de mis predecesores en la palabra se atrevió (o siquiera pensó) en estos detalles, y en intercambio apresurado y discreto, antes de pedir la palabra, entre Miguel Ángel y yo acordamos en dejar esas puntualizaciones importantes para otra ocasión.

Una propuesta que nos precedió en el uso de la palabra contenía un elemento de extrema gravedad, luego desmontado por Miguel Ángel en su intervención letrada. Se insinuó que sería conveniente una modificación legal de nuestro marco jurídico penal. Es una trampa que nos anularía en ese terreno, a la luz de la irretroactividad de la Ley con lo que todo delito anterior quedaría impune. Sí se insinuó el riesgo de la prescripción, como algo que está constantemente pesando como un serio impedimento. La intervención de Miguel Ángel (ya habíamos acordado que me precediera en el uso de la palabra) fue de una rotundidad tremenda que dio un giro inesperado a la discusión posterior. Estamos hablando de ciudadanos afectados por “un sufrimiento permanente, propio de delitos de lesa humanidad”. Este planteamiento lo llevó hasta el final aduciendo numerosos antecedentes legales, ya enunciados en su libro Los casos de los niños perdidos del franquismo (editorial Tirant lo Blanc, agotado), a lo que añadió un dato que sobrecogió al auditorio y que repitió en la SER: “por lo hasta ahora recogido de testimonios vivos, sólo en Canarias existen un mínimo de 800 casos, tantos como en toda Argentina cuando se puso en marcha la investigación que llevó a prisión a la cúpula militar de la dictadura”. Sin respuesta posible. Como ya presentía que se iba a esgrimir por parte ministerial la crisis económica, en mi intervención aduje que el Estado ya cuenta, siempre en el marco enunciado como forzoso por Rodríguez Arias de la obligación estatal de remitirnos al Derecho Penal Internacional (con el corolario de la imprescriptibilidad de los delitos de desaparición forzada de personas, según la definición de Naciones Unidas con referencia a los Derechos Humanos), de instrumentos ya establecidos para aplicar ese marco jurídico de obligado cumplimiento.

Recogido el guante por el ministro de Justicia (posiblemente ya preparada la respuestas, pues habría sido difícil de improvisar) anunció las dos ofertas de mayor calado, al menos instrumentales para los afectados: la puesta a disposición de las más de cien oficinas de Atención a las Víctimas, para asesorar y canalizar las demandas de ayuda; y la habilitación para realización de pruebas de ADN (en la práctica como creación del ya demandado “Banco Genético de Referencia”) en el Instituto Nacional de Toxicología. A esto hay que añadir un instrumento igualmente demandado, en este caso como respaldo para la investigación y documentación de los casos, una Brigada Judicial específica (demanda por esta representación del Colectivo Sin Identidad), y el nombramiento de una fiscal para la coordinación de las actuaciones de las acciones judiciales y del ministerio público.

En este marco se comprenderá lo ridículo que resultan protagonismos personales, de los que ya tenemos penosas experiencias hasta el presente. La tan proclamada unidad de criterios está muy bien en líneas esenciales, pero he reiterado (y parece que ya se admite) que el caso de Canarias es tan específico y sustantivo que explica las estrategias de sustracción y desaparición de niños por parte de las redes que se apoyaban en la situación impune de insularidad de Canarias para su acción criminal.

Francisco González de Tena.

Madrid, 13 de abril, 2012.