martes, 25 de enero de 2011

Fiscalía, Audiencia Nacional, afectados por desapariciones de bebés

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido al Ministerio de Justicia los casos que se le han planteado como consecuencia de denuncias de robo de niños. El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, recibió en fecha reciente a colectivos de familiares afectados por robos de niños durante un periodo muy largo, desde la Guerra Civil hasta después del franquismo. La entrevista se produjo después de que la Audiencia hubiera desechado toda posibilidad de investigar las sustracciones, como una rama del proceso que abrió el juez Garzón sobre las víctimas del franquismo, archivado.

El Ministerio de Justicia
está estudiando ahora las reclamaciones, antes de recibir a los representantes de los afectados.
La Comunidad de Madrid investiga los robos de niños durante el régimen franquista que tuvieron lugar en sus hospitales y se ha comprometido a facilitar toda la información de la que dispone en sus archivos para que los afectados puedan encontrar a sus parientes desaparecidos.

Pero el Gobierno de Esperanza Aguirre ha ido más allá y, en contra del criterio de la Fiscalía y de los distintos órganos jurídicos, no cierra la puerta a acudir a la vía penal para depurar las responsabilidades de quienes hayan participado en estos secuestro de niños.
En una resolución dictada el pasado 13 de diciembre por la Subdirección General de Archivos, dependiente de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid, se expresaba el compromiso de esta administración a remitir el estudio sobre los niños desaparecidos a sus servicios jurídicos para que “estudien y determinen si existe oportunidad y pertinencia para remitirlo a los órganos judiciales que sean competentes en esta cuestión”.

Esta resolución fue aportada al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, por un grupo de afectados por el secuestro de niños durante el franquismo.
En una carta remitida el pasado 7 de diciembre, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional solicitó al Ministerio de Justicia la creación de una oficina de atención a las víctimas que “pueda coordinar todas las actuaciones dirigidas a la identificación y concreción de todos los casos de niños robados”.
Una afectada, cuya hermana desapareció de la Maternidad de O’Donnell –antigua Maternidad Provincial- en enero 1964, explicó que los representantes de los afectados acudieron al Ministerio de Justicia para exigir que se ponga en marcha la oficina de atención a las víctimas y pedir, asimismo, una reunión con Francisco Caamaño para tratar el caso.

La resolución de la Comunidad de Madrid, firmada por la jefa de Área de Coordinación del Centro Archivo Regional, Nieve Sobrino, señala que este departamento lleva desde “los últimos meses” un estudio “exclusivamente estadístico de los fallecimientos de bebés producidos en la Maternidad Provincial de Madrid durante la década comprendida entre 1961-1971”

El escrito especifica que desde el mes de julio de 2010 la Comunidad de Madrid trabaja con distintas instituciones y órganos de la administración autonómica madrileña “con el fin de –siempre en los términos establecidos por la legislación vigente- establecer mecanismos” para que todas las personas afectadas “puedan acceder a cuanta información sea posible”.

Asimismo, la resolución señala que el trabajo realizado por la Subdirección General del Archivos “supone un esfuerzo extra” para la administración “si se tiene en cuenta los medios personales de que dispone este archivo”. Aún así, el escrito asegura que estas dificultades se verán contrarrestadas “por la ilusión del personal que lo lleva a cabo”.

“Nuestra vocación es la de servir los documentos que custodiamos a todos los usuarios que lo soliciten y que a este cometido dedicamos todo nuestro empeño con educación, respeto, compresión y profesionalidad”, concluye la resolución.

Los afectados remitieron hace meses una denuncia a la Audiencia Nacional, en la que aseguraban que los robos de niños eran fruto de “las normas establecidas por Franco” así como de la “plena connivencia entre las parroquias y las autoridades políticas para entregar niños a las familias que mejor se adaptaran a la moral católica”.

Existían diversos “modus operandi” para la perpetración de estos secuestros. Una de las modalidades más generalizada consistía en que la madre, del bando republicano, daba a luz “con anómalas prácticas y en extrañas circunstancias que terminaban con una supuesta defunción del neonato, que no era acreditada físicamente”.

Estos niños eran en realidad entregados en adopción a familias afines a la dictadura y sus verdaderos nombres desaparecían.

Entre los presuntos responsables se encuentran varios médicos, algunos de ellos todavía en activo, y que durante la dictadura trabajaron en clínicas como San Ramón y O’Donnell, ambas de Madrid, o Santa Isabel, en Valencia, siempre según los afectados.
“Somos siete hermanos y todos muy sanos. Mi hermana era la tercera. Mi madre no tuvo ningún problema durante el embarazo. Pero antes de dar a luz, la durmieron. Cuando se despertó, le dijeron que la niña había nacido deformada, aunque ella nunca llegaría a verla. El hospital se encargó de envolver a la bebé en una sábana y de su entierro. Sin embargo, el acta de fallecimiento nunca llegó a manos de mi madre. Ocurrió en 1969. Y creo que mi hermana fue robada”.
Denuncias de este tipo han llegado estos días al archivo regional de la Comunidad de Madrid: espoleados por las noticias que en los últimos tiempos van salpicando las páginas de los diarios, familiares de bebés desaparecidos durante el franquismo se plantean interrogantes. La Subdirección General de Archivos de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid pretende ofrecerles algunas respuestas. “A partir de las denuncias de estas familias, se está escarbando en los archivos de la antigua y desaparecida Maternidad Provincial de Madrid –dicen fuentes autonómicas a este diario–. Estamos ordenando los archivos de nuestros hospitales. Buscamos datos sobre las muertes de bebés en estos hospitales entre 1961 y 1971. Así, si un juez nos pide algún informe, esos datos ya estarán listos”.

En diciembre, el fiscal y sustentándose en la ley de Memoria Histórica, Zaragoza pidió al Ministerio de Justicia que apoye “las legítimas pretensiones” de los denunciantes en la vía administrativa. El ministerio abrirá una oficina de intercambio de datos con las familias y elaborar una base de datos de ADN para cotejar los casos.
“Sin embargo, esto no nos basta. Agotaremos las instancias para esclarecer esta trama organizada de tráfico de niños”. Sus miembros centran la mayoría de los casos entre los primeros años de la dictadura franquista y los primeros de la democracia (1940-1980).
El profesor de Derecho Penal Internacional de la Universidad de Castilla La Mancha Miguel Ángel Rodríguez -autor del libro El caso de los niños perdidos del franquismo. Un crimen contra la humanidad- considera que la desaparición cifrada por asociaciones de memoria histórica de 30.000 niños -citando jurisprudencia del juicio de Nuremberg contra el nazismo y procesos referidos a la dictadura argentina- debe ser calificada como "crímenes contra la humanidad" y éstos son delitos "de investigación permanente e inamnistiables".
Su estudio jurídico es citado en el auto de Baltasar Garzón en el que se inhibe de la causa y la deriva a los órganos territoriales al declararse incompetente la Audiencia Nacional.
Este jurista destaca aunque "con prudencia" el "avance" que supone que "por primera vez" una Fiscalía "al menos vaya a investigarlo", frente al archivo o el rechazo a hacerlo generalizado.

Rodríguez recuerda que en marzo de 2006 el Consejo de Europa emitió una condena expresa contra el caso de los niños desaparecidos en el franquismo e instó al Gobierno español a investigarlo pero "la ley de Memoria Histórica, aprobada un año y medio después, ni siquiera lo menciona".
Fuente: Radical.es información

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