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El fiscal jefe de Algeciras fue el primero en abrir diligencias tras la denuncia de los familiares en los medios de comunicación. Hasta ahora se han abierto dos vías, la que coordina la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales y la de la Memoria Histórica. Los primeros acudirán a la Fiscalía General del Estado, los segundos a la Audiencia Nacional.
NUEVATRIBUNA.ES / ISABEL G. CABALLERO 18.11.2010
Las denuncias por el robo de niños en España siguen aumentando y la justicia ha empezado a tomar cartas en el asunto. Ya no se trata sólo de casos ocurridos durante el Franquismo sino también en la década de los 80. Hasta el momento hay dos vías abiertas. Por un lado, la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales, que ha contabilizado ya 130 denuncias y cuyo abogado, Enrique Vila, prevé presentar de forma conjunta el próximo 27 de enero ante la Fiscalía General del Estado. La otra vía se enmarca en la causa de la Memoria Histórica, en la que el letrado Fernando Magán ha recopilado alrededor de 80 casos que serán llevados a la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo decidirá quién debe investigar el asunto de los niños robados durante la dictadura, después de que la jueza María Concepción Rodríguez Acevedo decidiera devolver a la Audiencia la causa abierta por Baltasar Garzón por la desaparición de niños de familias republicanas.
Juan Cisneros, fiscal jefe de Algeciras, ha sido el primero en abrir diligencias. Fue el 22 de junio pasado, tras las denuncias hechas por varios familiares de casos ocurridos en la Línea de la Concepción. A él le siguió a principios de julio la fiscal jefe de Cádiz, Ángeles Ayuso, y se espera que en Málaga se sigan los mismos pasos.
Ayer mismo, la policía judicial llamó a declarar a Cristina Díaz Carrasco, que investiga la desaparición de su hermano, supuestamente muerto después de que su madre diera a luz en el hospital municipal de la Línea, donde ya se han denunciado más de veinte casos. Acompañada de su hermana Flor, Cristina declaró por espacio de cuatro horas, contando la historia que ya ha relatado a algunos medios de comunicación, entre ellos nuevatribuna.es, donde el pasado 29 de mayo informó de este escalofriante caso. El nombre del médico Abelardo García Balaguer figura en su testimonio. Junto a él, posiblemente sean llamados a declarar trabajadores del registro civil y del cementerio donde en teoría estaba enterrado pero no registrado el pequeño de la familia Díaz Carrasco.
En los últimos meses, nuevatribuna.es también se ha hecho eco de otros casos como el de Rosario Acebedo, una gaditana que en 1965 perdió a uno de sus gemelos tras dar a luz en un clínica de Cádiz; o Paloma Helguera, quien busca a su hermana supuestamente fallecida a los veinte días de su nacimiento en la maternidad de O’Donnell en Madrid; o Noemí Soria, para quien es difícil de explicar las circunstancias que rodean a la desaparición de su hermana.
Presuntos delitos que no prescriben como recuerda Cristina Díaz: “La sustracción de un menor mediante engaño, la falsedad documental, son delitos que no prescriben”, insiste; tampoco el genocidio, al que también alude de forma clara.
jueves, 18 de noviembre de 2010
La policial judicial toma declaración a los afectados por el robo de niños
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