martes, 14 de diciembre de 2010

Juicio y castigo para los crímenes del franquismo

http://memoriadeguadalajara.blogspot.com/2010/04/juicio-y-castigo-para-los-crimenes-del.html

Fascistas incrustados en el aparato del Estado

Cuando el juez Baltasar Garzón decidió declararse competente en el caso de la localización y exhumación de una parte de los aproximadamente 150.000 asesinados en la represión que siguió al levantamiento fascista de 1936, se desató una ofensiva política y judicial tremenda para impedir que el caso se desarrollase. Lamentablemente, esta campaña organizada desde la derecha acabó logrando su objetivo con el beneplácito del fiscal del Estado y del propio gobierno del PSOE.

Los responsables del gobierno sostuvieron que no era el momento de investigar delitos que habían sido amnistiados en 1977, y con esa muestra de debilidad envalentonaron a toda la reacción enquistada en el aparato del Estado. Ahora, el Tribunal Supremo va a sentar en el banquillo al juez Garzón después de aceptar a trámite una querella presentada por tres organizaciones fascistas: Falange Española, el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad.

En estos días se ha hablado mucho de la "venganza contra un juez" y la actuación de la "derecha judicial" que busca tapar las vergüenzas del PP como la trama Gürtel. No hay duda de que existe un punto importante de verdad en estas valoraciones; pero éstas no explican, ni mucho menos, la cuestión de fondo, es decir, por qué en el Estado español, después de 32 años de "libertades democráticas", siguen sin poder investigarse los crímenes del franquismo; siguen existiendo decenas de miles de víctimas, no sólo enterradas en fosas comunes, sino consideradas delincuentes a ojos de esa ley que se niega a investigar sus asesinatos; y porqué los nombres de los fascistas que practicaron esa política de exterminio siguen adornando calles, plazas, iglesias y monumentos.

La transición, la primera oportunidad perdida...

Para admitir la querella de los fascistas contra Garzón, el juez Varela se ha basado en dos leyes que supuestamente ha vulnerado: la ley de la memoria de 2007 y la Ley de Amnistía de 1977. Veamos de que se trata.

En octubre de 1977 se aprobó la Ley de Amnistía, que en su artículo primero dejaba amnistiados "todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976". Es decir, a cambio de "perdonar" a los encarcelados, torturados y perseguidos por luchar contra la dictadura, dejaba absolutamente impunes 40 años de represión franquista, como deja claro en su artículo segundo, amnistiando entre otros: "los delitos de rebelión y sedición"; "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta ley" o "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".

Nunca jamás hubo en la historia reciente una ley de punto final semejante. En la Alemania de la posguerra, con todas las carencias que se produjeron, se condenó a muchos responsables de las atrocidades nazis, y la simbología del hitlerismo fue eliminada por completo de plazas públicas e instituciones.

En Argentina se revisó la Ley de Punto Final y se han reabierto casos contra conocidos torturadores y responsables de la dictadura militar. Obviamente, las reparaciones en todos los casos mencionados han sido muy limitadas, pues los capitalistas que apoyaron estos regímenes represivos y crueles que exterminaron a millones de personas, no podían consentir que se juzgase al conjunto de su sistema. Pero lo ocurrido en el Estado español ha sido asombroso.

La ley de punto final de 1977, que ha sido incluso denunciada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, no habría podido mantenerse hasta hoy en día sin el respaldo que la otorgaron los dirigentes de la izquierda.

En lugar de apoyarse en la enorme fortaleza del movimiento obrero y juvenil de la época, auténtica protagonista de la lucha contra la dictadura, para haber llevado adelante la transformación socialista de la sociedad, los dirigentes reformistas de la izquierda -Carrillo y Felipe González en la transición y los que les han sucedido después-, en aras del consenso, la política "realista" de lo posible, del "no provocar a la reacción" -argumentos que hoy vuelven a poner sobre la mesa-, aceptaron la lógica del capitalismo, la monarquía, la bandera, y su consecuencia obvia: que hoy en día las altas instancias de la judicatura esten plagada de los mismos jueces que ya ejercían en el franquismo.

Verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Por una Ley de la Memoria Histórica justa. Juicio y castigo a los responsables, indemnización a las víctimas. Anulación de todos los juicios sumarísimos del franquismo.

Depuración de elementos fascistas: fuera de la judicatura, la administración, el ejército y la policía los implicados en la represión franquista. Derogación de la Ley de Amnistía de 1977.
Plenos derechos políticos y sindicales para policías, guardias civiles y soldados.

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