La Comunidad de Madrid ha iniciado una investigación estadística en sus archivos sanitarios sobre el robo de niños durante el franquismo que después, supuestamente, eran dados en adopción.
La Comunidad de Madrid ha iniciado una investigación estadística en sus archivos sanitarios sobre el robo de niños durante el franquismo que después, supuestamente, eran dados en adopción. El objetivo, según una carta enviada a una de las familias afectadas, es estudiar y determinar la “oportunidad y pertinencia” para remitir el caso “a los órganos judiciales que sean competentes en esta cuestión”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció a los afectados hace dos semanas que se opondría a que el caso se investigara en ese tribunal, como propusieron dos juzgados de Madrid, pero se dirigió al Ministerio de Justicia para que les ayudara en sus pesquisas. Ayer mismo, los familiares solicitaron una entrevista con el ministro Francisco Caamaño.
La plataforma de afectados asegura que tiene documentados unos 300 casos de robos cuyo supuesto falso fallecimiento se comunicó a sus padres y que luego fueron entregados en adopción a otras familias. Tras la inhibición de dos jueces a favor del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -desde el que el juez Baltasar Garzón lanzó la mayor investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura- el caso está pendiente de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decida a qué órgano judicial corresponde la competencia para investigar el caso.
En su carta al Ministerio de Justicia, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicó que los delitos denunciados por los familiares no se encontraban en el catálogo de los que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional, pero apoyándose en la Ley de Memoria Histórica, solicitó al ministerio que apoyara “sus legítimas pretensiones” mediante la creación de una oficina específica de atención a las víctimas de estos robos así como “la adopción de las normas reglamentarias precisas que faciliten la investigación” de esos casos.
La Subdirección General de Archivos, dependiente de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid ha iniciado un estudio estadístico sobre “los fallecimientos de bebés producidos en la Maternidad Provincial de Madrid durante la década comprendida entre 1961 y 1971″. Además de ese centro, los supuestos robos también se produjeron en otro centro madrileño, el hospital de San Ramón, también cerrado.
Uno de los primeros casos investigados es el de Beatriz Soriano, supuestamente fallecida de otitis tras su nacimiento, en enero de 1964. La comunidad ha enviado a su hermana Mar Soriano, coordinadora de la plataforma de afectados, los asientos de otros bebés fallecidos en las mismas fechas, algunos de ellos por esa misma enfermedad que, según Alfonso Delgado, ex presidente de la Asociación Española de Pediatría, es difícil que pueda producir por sí sola y sin ninguna complicación, la muerte de un bebé.
http://memoria/2010/12/23/madrid-examina-sus-archivos-sanitarios/
La Comunidad de Madrid ha iniciado una investigación estadística en sus archivos sanitarios sobre el robo de niños durante el franquismo que después, supuestamente, eran dados en adopción. El objetivo, según una carta enviada a una de las familias afectadas, es estudiar y determinar la “oportunidad y pertinencia” para remitir el caso “a los órganos judiciales que sean competentes en esta cuestión”. La Fiscalía de la Audiencia Nacional anunció a los afectados hace dos semanas que se opondría a que el caso se investigara en ese tribunal, como propusieron dos juzgados de Madrid, pero se dirigió al Ministerio de Justicia para que les ayudara en sus pesquisas. Ayer mismo, los familiares solicitaron una entrevista con el ministro Francisco Caamaño.
La plataforma de afectados asegura que tiene documentados unos 300 casos de robos cuyo supuesto falso fallecimiento se comunicó a sus padres y que luego fueron entregados en adopción a otras familias. Tras la inhibición de dos jueces a favor del juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional -desde el que el juez Baltasar Garzón lanzó la mayor investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura- el caso está pendiente de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decida a qué órgano judicial corresponde la competencia para investigar el caso.
En su carta al Ministerio de Justicia, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, explicó que los delitos denunciados por los familiares no se encontraban en el catálogo de los que corresponde investigar y juzgar a la Audiencia Nacional, pero apoyándose en la Ley de Memoria Histórica, solicitó al ministerio que apoyara “sus legítimas pretensiones” mediante la creación de una oficina específica de atención a las víctimas de estos robos así como “la adopción de las normas reglamentarias precisas que faciliten la investigación” de esos casos.
La Subdirección General de Archivos, dependiente de la Vicepresidencia de la Comunidad de Madrid ha iniciado un estudio estadístico sobre “los fallecimientos de bebés producidos en la Maternidad Provincial de Madrid durante la década comprendida entre 1961 y 1971″. Además de ese centro, los supuestos robos también se produjeron en otro centro madrileño, el hospital de San Ramón, también cerrado.
Uno de los primeros casos investigados es el de Beatriz Soriano, supuestamente fallecida de otitis tras su nacimiento, en enero de 1964. La comunidad ha enviado a su hermana Mar Soriano, coordinadora de la plataforma de afectados, los asientos de otros bebés fallecidos en las mismas fechas, algunos de ellos por esa misma enfermedad que, según Alfonso Delgado, ex presidente de la Asociación Española de Pediatría, es difícil que pueda producir por sí sola y sin ninguna complicación, la muerte de un bebé.
http://memoria/2010/12/23/madrid-examina-sus-archivos-sanitarios/
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